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sábado, 30 de agosto de 2014

GORDO MAX ENTRE LOS PRESENTADORES IMPLICADOS EN TRATAS DE PERSONAS

TRATA DE PERSONAS




Entre los años 2010 y 2012, una considerable cantidad de menores entre 14 y 17 años, cayeron en manos de una red de trata de personas que en su mayoría las ofrecía a clientes VIP (personas muy importantes) por tarifas que iban desde los $40 hasta los $160 por cita.

Para desbaratar la estructura conformada por ocho personas, la Fiscalía direccionó a policías expertos en investigar este tipo de delito, para que hicieran una serie de pesquisas que iban desde labores de vigilancia y seguimiento. Tras esas diligencias lograron individualizar a ocho sospechosos, entre ellos uno de los clientes frecuentes de la red; pero también identificaron a otras personas consideradas por la estructura como clientes VIP y entre ellos hay reconocidos presentadores de programas de televisión de canales locales, locutores de radio y prominentes empresarios.

La Unidad Especializada de Trata de Personas de la Fiscalía, sabe perfectamente los nombres de esos clientes VIP, según lo confirmó un investigador de la Policía, porque a los fiscales del caso se les entregó ese listado de los que estuvieron abusando sexualmente de las menores, tras pagar las tarifas más altas de dinero.

Pero al momento de realizar las capturas el 13 de noviembre del año pasado, a los agentes que hicieron las pesquisas les sorprendió que la Fiscalía solamente girara orden de captura para ocho imputados, entre ellos uno de los clientes identificado como Manuel Antonio Ángel Orellana, alias, “Profesor Angelito”, de 59 años, y se obviaran los nombres de los presentadores de televisión, locutores y empresarios, incluso para proteger la identidad de los clientes VIP, solicitaron que se le pusiera reserva total al proceso.

Además del “Profesor Angelito”, son procesados en el Juzgado 9o. de Instrucción de San Salvador, Blanca Hermelinda Montiel Benítez, conocida como “María”, de 51 años; Ana Milagro Mancía Santamaría, “Mila”; Denisse Yanira García Méndez, de 24 años; Yasmín Elena Méndez Arias, conocida como “Jasmín o Alisson” de 18 años y Johana Yanina Gil Canizález de 21.


Forma de operar

La banda se movía en el área metropolitana de San Salvador, pero mayormente en los municipios de San Salvador, San Marcos y Apopa. Su centro de operaciones eran los centros comerciales donde llegaban para contactar a menores de edad y ofrecerles empleo de modelos y edecanes, ofreciéndoles muy buenas remuneraciones.

A las víctimas las convencían de que era su gran oportunidad de vida y que la aprovecharan porque era un empleo que les abría muchas puertas y que era el momento idóneo para incursionar en el modelaje a su corta edad.

Las menores terminaron aceptando el empleo que les ofrecían, sin imaginar que estaban ingresando a un mundo del que no tan fácilmente iban a salir, porque fueron sometidas por la estructura y coaccionadas para que no denunciaran los constantes abusos a los que eran expuestas. En el proceso del reclutamiento y para ganarse la confianza de ellas y la de sus familias, los miembros de la banda tenían como estrategia visitar a los parientes de las víctimas para presentarse y venderles la idea de que estaban ante una gran oportunidad, pero en el fondo el objetivo de conocer el lugar de residencia y a sus familiares, era para tener herramientas de chantaje y coacción.

Las menores fueron reclutadas en los centros comerciales y en esos mismos lugares eran entregadas a sus clientes, quienes contrataban los servicios mediante llamadas telefónicas y hasta en redes sociales donde la red colgaba los anuncios ofreciendo compañía de señoritas.

Los miembros de la estructura acordaban con sus clientes llevar a un grupo de menores a los estacionamientos de los centros comerciales para que ellos escogieran de acuerdo las características de las víctimas. Previamente ya habían hecho una selección de las jóvenes para cumplir con las exigencias de los clientes y lograr que más de alguna de las menores fuera elegida.

Lo que más preferían eran menores vírgenes y por ellas pagaban los precios más elevados, aquellos casos en los cuales las víctimas ya habían sido obligadas a tener relaciones sexuales, los integrantes de la red las sometían a doloras prácticas para engañar a los clientes y decirles que estaban vírgenes.

El único cliente detenido

Manuel Antonio Ángel Orellana, de 59 años, es el único de todos los clientes para quien la Fiscalía giró la orden de captura, las víctimas en su declaración expresaron que el presunto tratante de personas les manifestaba a sus víctimas que le llamaran “Profesor Angelito” ya que las iba adiestrar con técnicas que les permitirían satisfacer a todos sus clientes, y que su intención era enseñarles a tener una buena relación sexual.

Ángel Orellana comenzó como cliente, pero como uno de los más frecuentes mantuvo una relación directa con los demás integrantes de la banda y al final terminó uniéndose a la red.

Los presuntos tratantes de menores de edad habían encontrado en un grupo de menores de edad, su mejor opción para obtener grandes ingresos de dinero, y debido a la demanda que habían alcanzado, estaban trabajando en el reclutamiento de más víctimas menores de 18 años, ya que eran las preferidas por los clientes.

A los miembros de la red la Fiscalía los acusó aplicando dos artículos relativos a la trata de personas

Artículo 367-B

• Señala que si un miembro de una organización nacional o internacional con el propósito de obtener un beneficio económico, reclute, transporte, traslade, acoja o reciba personas dentro o fuera del territorio nacional para ejecutar cualquier actividad de explotación sexual, mantenerlas en trabajo o servicios forzados, en prácticas análogas a la esclavitud, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Artículo 367-C

• Aquí se abordan las agravantes del delito de trata de personas y la Fiscalía las ha aplicado a los siete imputados. Una de ellas se basa en que las víctimas en este caso son menores de 18 años. Además se les aplica la agravante que dice: “si fuere realizado por personas prevaleciéndose de la superioridad originada por relaciones de confianza, doméstica, educativa, de trabajo o cualquier otra relación, de ser encontrados culpables en una eventual vista pública, a la pena del delito se le aumenta una tercera parte del máximo.


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